- By sinia
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Lima, 04 de marzo de 2016. Ante los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Áncash, Cusco, Ucayali, Loreto, Arequipa, Huancavelica enlazados vía Internet; el Viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez-Moreno, expuso sobre los alcances del proyecto de Acuerdo Regional sobre los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia Ambiental.
En ese marco, el Viceministro señaló que actualmente alrededor de 20 países de América Latina y el Caribe se encuentran negociando los términos y alcances de dicho proyecto de Acuerdo Regional con la finalidad de que éste sirva para los países de la región como un marco común de estándares en materia de información, participación y justicia en asuntos ambientales. En tal sentido, destacó los avances logrados en las negociaciones en Panamá durante el mes de noviembre del 2015 y se espera que en la tercera reunión de negociación a realizarse en el mes de abril en Uruguay, se continué avanzando de modo que la negociación del proyecto de acuerdo concluya durante el presente año.
En esa línea destacó que “el Perú ha venido interviniendo activamente en este proceso que deberá permitir a la región contar con un instrumento jurídico sobre información, justicia y participación ambiental. Esto suma al desarrollo de los principios fundamentales de la gestión ambiental moderna e inclusiva”, concluyó Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del MINAM, durante su participación y destacó la importancia del dialogo interinstitucional entre las autoridades administrativas en materia ambiental y el Poder Judicial para efectos de fortalecer y mejorar la aplicación de la justicia ambiental en el Perú.
Por su parte los representantes de las Cortes Superiores presentaron sus aportes al Proyecto de Acuerdo Regional, principalmente sobre los temas vinculados con el Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental. En tal sentido, las Cortes Superiores señalaron la necesidad de precisar en qué ámbito procesal se aplicará la responsabilidad objetiva, destacar la necesidad de fortalecer el acceso gratuito a la justicia ambiental, sobre todo, para población en situación de vulnerabilidad, y fortalecer los niveles de coordinación entre las autoridades ambientales y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
