El reporte de conlictos sociales es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.
La información divulgada constituye una señal de alerta dirigida al Estado, las empresas, las dirigencias de las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general a fin de que se tomen decisiones orientadas a conducir el conflicto por la vía de la ley y el diálogo, y se eviten los desenlaces violentos.
El documento recoge la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales, a través de las 28 oficinas defensoriales y los 10 módulos de atención al público que tiene la institución, complementada y contrastada con otras fuentes.
Se da cuenta de 161 conflictos activos y 51 conflictos latentes. La mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el departamento de Áncash (23 casos), Puno (18 casos); le siguen los departamentos de Piura (13 casos), Cajamarca (13 casos) y Junin (13 casos). Continúan siendo tratados 69 casos mediante procesos de diálogo. Asimismo, se registró 150 acciones colectivas de protesta.