Elecciones 2016: Análisis de planes de gobierno, ambiente y conflictos

 * Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, hasta enero se han registrado 211 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 147 son de carácter socioambiental.

 

Los conflictos sociales han sido recurrentes en los últimos dos gobiernos. Casos como el de Bagua, Conga, Espinar o Tía María han marcado hitos en la forma de cómo el Estado debe enfrentar este problema o cómo debe evitarlos.

 

Por ello, los partidos políticos –en sus planes de gobierno- han presentado diversas propuestas sobre este tema y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) las ha analizado en el tercer documento que ahora presenta: “Ambiente y Conflictos”.

 

Según la SPDA, uno de los retos del nuevo Gobierno es conciliar el crecimiento económico reflejado en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y de la industria extractiva, pero con respeto de los estándares y normas ambientales y sin generar conflictos socioambientales. De los planes analizados, todos menos Alianza Popular y País Posible, hacen referencia a la aplicación de la Consulta Previa para los pueblos indígenas. Asimismo, todos salvo Alianza por el Progreso y Acción Popular, se refieren a la creación de mecanismos para mejorar la relación de empresas con las poblaciones que viven en zonas de influencia.

 

“La mayoría prioriza la prevención de los conflictos proponiendo medidas que permitan mejorar la relación y el acercamiento inicial entre empresas y las zonas de influencia directa. Sin embargo, pese a que la mayoría de conflictos se deben a temas ambientales, se encuentran pocas propuestas vinculadas a reforzar los instrumentos para prevenir dichos problemas”, sostiene la SPDA.

 

En cuanto a la Consulta Previa, la SPDA señala que si bien la mayoría hace referencia a este tema, no responden a preguntas como: ¿Qué medidas se proponen para fortalecer y mejorar el proceso de consulta previa ya reconocido por el Perú a nivel internacional y nacional? ¿Qué sanciones o consecuencias se aplicarán cuando se incumpla con su aplicación por parte de los privados y del propio Estado? ¿Cómo se conciliará esto con el enfoque de promoción de inversiones y destrabe de trámites propuestos por varios de los candidatos?

 

La SPDA indica además que los planes de gobierno no hacen mayor reflexión sobre los procesos de participación ciudadana, mecanismos que suelen ser criticados y que en muchos casos no han sido suficientes para resolver las dudas ambientales de los ciudadanos frente a determinados proyectos.

“Consideramos que un proceso de participación ciudadana bien llevado, con diálogo, transparencia e información de calidad y oportuna, puede ser un factor clave para la reducción de los conflictos socioambientales”, opina la SPDA.

 

Finalmente, en el tema de fiscalización ambiental, la SPDA resalta dos propuestas: la de Fuerza Popular (que propone la caducidad de un derecho, por ejemplo el de una concesión minera, por incumplimiento de la legislación ambiental) y la de Fuerza Popular (propone la implementación de una Norma de Monitoreo Ambiental Ciudadano y Comunitario independiente).